La educación pública sigue siendo un grave problema y la crisis se agudiza. En medio de esta situación, la administración del actual Gobierno de la Ciudad otroga importantes subsidios a colegios privados que poseen aranceles superiores a los $ 2.500 mensuales, con un presupuesto fijo de más de $ 850 millones, y que se calcula que superará los 950 millones por incrementos salariales, según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de legisladores de la oposición porteña.
En lugar de aclarar este asunto, y de especificar el criterio y los detalles acerca de los cuantiosos recursos públicos que se destinan a subvencionar colegios privados, el gobierno porteño apeló una medida de la justicia que obligaba a brindar esa información, por pedido de una ONG.
Fue la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, quien hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al Gobierno porteño a proporcionar en 15 días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes de 2006 en adelante.
Ahora, la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es «incompleta, escasa y contradictoria». No existen datos sobre los montos exactos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en el sitio web faltan datos de varios años y que en otros existen serias contradicciones (por ejemplo: que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad).
Lo más «curioso» del caso es que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor: El San Columba, el Instituto Summa, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio armenio Mekhitarista, el NEA Nueva Escuela Argentina 2000, El colegio Nuestra Señora del sagrado Corazón de Belgrano, entre otros. A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota es 5 veces más alta. El sagrado Corazón, por su parte, recibe un subsidio del 70%.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta. Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación.