Home » Actualidad » Lo que oculta la nueva Ley por una Universidad libre y gratuita

Finalmente, el Senado se salió con la suya y, convirtió en ley una iniciativa en el ámbito universitario que sólo se basa en más demagogia y facilismo, escondiendo el grave problema de la calidad de la educación en el país. Leyendo el texto, inmediatamente uno se da cuenta que esta ley es un retroceso en materia educativa y que nada contribuye a una educación más igualitaria y de mejor calidad.Establece un acceso libre y gratuito de manera irresponsable, sin tomar en cuenta la importancia de evaluar la capacidad de quien aspira a un título, y suprimiendo los criterios de regularidad que son básicos necesarios para la condición de estudiante. Puede, entonces que un futuro contemos con una mayor cantidad de analfabetos terciarios, eso sí, con título bajo el brazo.

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El proyecto kirchnerista enjuicia al sistema universitario europeo y también al anglosajón. Lo tragicómico del caso es que las universidades argentinas, incluyendo la tan vanagloriada UBA, ya desde hace muchos años que han dejado de tener un lugar de relevancia a nivel mundial. La sanción definitiva fue lograda sin ser analizada y discutida como corresponde, sino luego de un tratamiento “exprés”, como ha sido el rasgo característico de la vida parlamentaria de los últimos 12 años.

¿A quién beneficia la falsa gratuidad? ¿Quién sostiene el gasto que demanda la educación superior? ¿Qué hace realmente la universidad por la igualdad de oportunidades?

El proyecto ni siquiera fue explicado por el oficialismo. Para empezar, la Universidad de Buenos Aires ya es gratuita. Esta ley de ninguna manera resulta ser una mejora progresista, ya que el criterio no es brindar ayuda a aquellos que encuentran limitaciones económicas para acceder a ella, sino también a quienes pueden costearla.

La oposición planteó que en las universidades públicas argentinas el 34% de los estudiantes provienen de los sectores de mayores ingresos y solamente el 12%, de los más pobres. A ello habrá que sumar que, en nuestro país, el promedio de permanencia en los claustros de estudiantes de carreras cuya currícula prevé 5 años llega a ser de 7, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América latina. La realidad del “estudiante crónico” genera en la vida universitaria, entre otros, mayores gastos en salarios docentes y no docentes, en infraestructura y en investigación. Esa situación ha sido muy bien resuelta por muchas universidades privadas, que han puesto límites al tiempo con que cuenta un estudiante para concluir sus estudios superiores. Solamente 26 de cada 100 estudiantes universitarios logran graduarse en nuestro país, lo cual demuestra que el actual sistema arrastra muy serios problemas. Al establecer que todos los que aprueben el Secundario pueden ingresar de manera libre a la UBA, se elimina todo mecanismo inicial de evaluación y preparación para el ingreso, nivelando, una vez más, para abajo.

Es una hipocresía absoluta imposible de sostener que la enseñanza integra socialmente cuando es tan alto el número de fracasos en los estudios terciarios. En esos términos, la educación no resulta ni inclusiva ni equitativa. Por otra parte, la prohibición de restricciones al ingreso tendrá graves consecuencias. Dejará de tener importancia el número máximo de alumnos a los que cada facultad puede brindar educación, lo cual impacta necesariamente sobre la calidad de la enseñanza. Y ni hablar del tema de que se eliminan las pautas de rendimiento académico mínimo exigible (los alumnos deberán aprobar por lo menos 2 materias por año). Ya no es necesario dar un determinado número de materias para seguir siendo estudiante universitario, lo cual tiene, entre otras consecuencias, una importante significación para la política universitaria. El claustro estudiantil, con la nueva ley, podrá ser integrado por alumnos que no cumplan con ninguna exigencia académica.

La nueva legislación retrocede también en cuanto a la competencia de las facultades pertenecientes a universidades con más de 50.000 alumnos para establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. Ahora serán solamente las universidades las que cuenten con atribuciones para definir esos aspectos. El riesgo para la salud de la población determinó que las facultades de Medicina crearan programas de preparación y evaluación de los ingresantes y establecieran requisitos para la etapa de formación en la que interactúan con los pacientes. La nueva ley les restringe esa atribución.

El apuro por sancionar esta ley sí fue “pensado”, y el objetivo es entorpecer y limitar la gestión del próximo gobierno. Sin dar explicaciones consistentes, el Congreso que se va intenta condicionar la acción del que viene con la intención de hacerlo fracasar, sin importar los gravísimos conflictos que deja sembrados. El nuevo gobierno de Mauricio Macri deberá lidiar con esta nueva problemática (y ver cómo modificarla o eliminarla), dentro del combo de irregularidades y fracasos generados en la era kirchnerista.

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