Home » Actualidad » La inclusión total aún sigue siendo una utopía

El proyecto de inclusión en las escuelas ha sido un gran avance para muchos chicos/as en los últimos tiempos pero, sigue siendo teniendo ciertas fallas y se termina transformando en una utopía para muchos de los estudiantes ya graduados.

Existen varias dificultades para los alumnos con discapacidad que hoy están incluidos en escuelas comunes de la CABA y que cursan con una currícula adaptada de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje, tal como lo concibe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378 y con jerarquía constitucional. Son numerosas las trabas que impiden que los alumnos con discapacidad que asisten a escuelas comunes puedan realizar el trayecto escolar natural como el resto de sus compañeros: que los acepten en las instituciones, que puedan asistir con la maestra integradora, que les adapten los contenidos de acuerdo a sus necesidades. Pero a todas estas dificultades se suma una más: que después de haber logrado aprobar el nivel correspondiente con una currícula adaptada, no les quieran entregar su título oficial.

la inclusión total sigue siendo una utopía

Si bien esta situación se da en la Ciudad de Buenos Aires, estas barreras se reiteran en muchas provincias. La legislación y las políticas educativas varían entre las distintas jurisdicciones, aunque todas tienen la obligación emitir certificados con validez nacional y de adecuarse a las normas constitucionales. Sin embargo, aún queda pendiente plantear la problemática en el Consejo Federal de Educación para lograr cambios en las políticas públicas a nivel nacional. Según la la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) los datos y cifras relevadas por el Ministerio de Educación de la Nación son incompletos e insuficientes para dar cuenta de la situación de las personas con discapacidad, requisito para una política educativa inclusiva. Desde la ACIJ indagaron en la normativa y analizaron la disposición ministerial 25 y 219 que emana de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEP), las cuales establecen que, aún cuando los chicos alcanzaran todos los logros de su proyecto pedagógico individual, al momento de la acreditación, se les exige tener aprobados todos los contenidos mínimos del nivel común, y no los de la currícula adaptada como suelen tener los chicos con ciertas discapacidades.

El debate ya se ha instalado. Si bien es (en parte) , lógico que una currícula adaptada a ciertas necesidades no puede tener el mismo título que la que posee los contenidos del nivel común, la disposición ministerial es algo inconstitucional, ciertamente «engañosa» y,  posee una contradicción inmensa, porque significa dar el apoyo y los ajustes que permiten la educación inclusiva pero al final, en el momento clave de la acreditación, no se les da el título porque se los evalúa al mismo nivel que al resto de sus compañeros que no tienen discapacidad. A cambio, se les entrega una certificación de cursada que no tiene validez para estudiar una carrera universitaria o acceder a un trabajo que requiera título secundario. El resultado es que el mismo sistema que dice incluir termina cometiendo una hipocresía estructural: exije cursar la secundaria pero no otorga el título si la hacés en una escuela común.

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En la actualidad, frente al vacío normativo y la falta de claridad sobre cómo contemplar y considerar los desempeños de aquellos alumnos que tienen una currícula adaptada, algunas escuelas, colocan barreras y, otras deciden otorgar el título en igualdad de condiciones.Es así como, se presenta la necesidad de una titulación con currícula adaptada. Todos tienen derecho a que les sean otorgados un título secundario que los habilite a continuar una carrera terciaria, universitaria, acceder a un trabajo. Lo que se está buscando es en habilitar un tipo de título que sea acorde a la currícula adaptada, pero, desde la vereda de enfrente argumentan que la escuela es la puerta a la vida en comunidad y esa puerta no puede tener una cerradura que está bloqueada para quienes no encuadran en un estereotipo arbitrario, que estigmatiza a quienes tienen ritmos, habilidades y necesidades diversas. El sistema educativo debe permitir el acceso igualitario sin discriminación y provea todo lo necesario para dar lugar al pleno desarrollo de la persona.

Todos los especialistas consultados coinciden en que los principales afectados son los alumnos, que hacen un gran esfuerzo para poder estudiar en las escuelas comunes e igual se sienten rechazados en estos ámbitos, porque los padres terminan envueltos en una lucha interminable para conseguir algo tan básico como el derecho a la educación de sus hijos y se ven ahogados por tanta imprevisión e improvisación. La normativa debe incluir la provisión de apoyos, el diseño universal del aprendizaje, la prohibición de negar matrícula y los ajustes que sean necesarios.

Realmente faltan llevar adelante muchos ajustes para poder llegar a edificar una educación que sea verdaderamente inclusiva, que no sólo llegue a quienes presentan alguna discapacidad, sino también a la enorme cantidad de chicos que hoy se encuentran fuera del sistema, porque éste los expulsa, los hace fracasar o, directamente no los recibe y no los toma en cuenta.

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