Es el facilismo educativo como sistema. A través de los planes FinEs2 (Finalización de Estudios Secundarios) y PROG.R.E.S.AR (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina), se ha creado un circuito paralelo al formal que degrada los contenidos y la función docente. El Gobierno kirchnerista, con el argumento de facilitar la terminalidad y promover la inclusión acercando la escuela a la gente, creó un circuito paralelo que en realidad es una nueva red clientelar, tejida a través del otorgamiento «fácil» de títulos y becas.
Investigadores especializados en educación popular señalan que el Plan Fines 2 supone una continuidad con las políticas educativas neoliberales de los años 90, marcadas por el deterioro de las condiciones de aprendizaje y la precarización de los docentes. En vez de docentes, «tutores»; en vez de escuelas, «sedes»; en vez de programas, «proyectos». Es la oferta del plan FinEs2 para los jóvenes que no completaron sus estudios. «Política punteril, no educativa».
Desde 2010 se multiplican en todo el país las sedes del Fines 2, un plan de finalización de estudios secundarios destinado a la amplia población de jóvenes y adultos que, en sintonía con la precarización laboral y el deterioro del sistema educativo durante los años noventa, no completó la escuela media.
En respuesta a las políticas neoliberales que debilitaron la educación pública en general y especialmente la oferta para jóvenes y adultos, los gobiernos kirchneristas volvieron a impulsar esta modalidad habilitando el acceso a la terminalidad educativa de sectores sociales excluidos del sistema durante décadas. Sin embargo, hay que preguntarse en qué medida esta propuesta contribuye a revertir el vaciamiento de la educación pública que dejó el menemismo o, por el contrario, avanza en el deterioro de las condiciones de aprendizaje y la precarización laboral de sus docentes.
El Plan Fines 2 no abre nuevas escuelas donde no las hay, ya que funciona en comedores y clubes barriales, locales partidarios, casas compañeras de La Cámpora y otros espacios no estatales, y delega en la comunidad los gastos de infraestructura y administración escolar. Propone que los jóvenes de más de 18 pueden realizar sus estudios secundarios completos en una modalidad de cursada de 6 cuatrimestres, con asistencia de 2 veces por semana menos de 4 horas. Es un secundario exprés. Un espacio, no acondicionado para funcionar como escuela, se convierte en aula. Encima, para ser «profesor» en el plan FinEs2 basta con estar realizando alguna carrera terciaria, universitaria o no, y presentar un proyecto de formación pedagógica.
En ocasiones, la precariedad de las condiciones de cursada ha llevado a que las clases se dicten en casas de familia, patios al aire libre y establecimientos sin pizarrones ni calefacción. Estas situaciones, que en definitiva son producto de la desatención, se justifican desde la retórica oficial con declaraciones como la de la coordinadora nacional del programa, Mary Sánchez, que en 2012 planteó: “La escuela está donde haya un profesor y un alumno, en donde sea, debajo de un árbol”. Si se acepta este argumento, ¿qué responsabilidad le cabe entonces al Estado como garante del derecho educativo? El despliegue de la presencia estatal en los barrios populares a partir de la implementación del Fines 2 se contradice con la ausencia de ese mismo Estado a la hora de garantizar condiciones materiales dignas. Esto resulta aún más preocupante si recordamos que la educación de adultos se caracteriza no tanto por la edad sino por el nivel socio-económico al que pertenecen los estudiantes, mayormente de clases populares.
Un ejemplo de cómo funciona el sistema en la práctica : En la materia «Historia» existen sólo 15 encuentros. Hay 30 hs. reloj para enseñar una materia anual. No dan los tiempos y algunos profesores contratados sólo enseñan sobre el «Peronismo». Hay estudiantes que van a la 1ª clase, y vuelven en la clase 14 o 15, pidiendo ser aprobados. Algunos profesores los aprueban igual. No hay una resolución, circular o normativa que establezca cómo evaluar. Se puede «dibujar» la nota, la asistencia, porque no hay ningún tipo de seguimiento.
Otro ítem crítico es la precariedad de la contratación de los docentes. La convocatoria exige la presentación de proyectos pedagógicos y la selección se realiza en base a listados según puntaje, en actos públicos (que han sido denunciados muchas veces por irregularidades en los mismos). Sin embargo, el contrato que deben firmar los docentes es cuatrimestral, por lo que no cuentan con garantía de continuidad laboral ni cobertura en recesos escolares. A espaldas de lo que estipula el estatuto docente, no se efectiviza el pago por zona desfavorable ni se reconoce el derecho de solicitar licencias: incluso por causas justificadas como enfermedad y embarazo. Como si fuera poco, los años de trabajo en el plan no cuentan como antigüedad en el resto del sistema educativo y no contempla ninguna instancia de interacción docente, lo que dificulta el trabajo pedagógico entre pares y la organización gremial por mejores condiciones laborales. A pesar de eso, en forma fragmentada los trabajadores han expresado reclamos en varios distritos, y la respuesta que recibieron fue común: la imposibilidad de expresar públicamente críticas al Fines. Así se estigmatiza a quienes exigen el cumplimiento de los derechos establecidos en el estatuto.
Se manejan con una red de «punteros educativos» que son los «referentes» de sedes, y tienen la facultad de nombrar a los tutores. Además de acomodar cargos, los «referentes» emplean distintos elementos de presión para que los docentes no reprueben a más alumnos de lo que las estadísticas oficiales necesitan. El resultado de esta flexibilización, ha sido una inflación de «graduaciones».
Históricamente han habido múltiples opciones educativas para adultos. Si bien la modalidad más conocida son los CENS, fundados en 1974 por la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA), en la última década han surgido en organizaciones sociales y fábricas recuperadas los Bachilleratos Populares, escuelas secundarias autogestionadas donde estudiantes y docentes construyen educación desde una práctica participativa, basada en los principios de la educación popular.
Existen más de 100 bachilleratos populares en Ciudad y provincia de Buenos Aires, que desde 2004 han resuelto la situación educativa de jóvenes y adultos allí donde el Estado no llegaba. Sin embargo, llevan años sin ser reconocidos. Tras impulsar distintos planes de lucha por el reconocimiento, que los habilitaría a entregar titulaciones oficiales a sus estudiantes y cobrar salarios docentes, sólo algunas pocas escuelas lo han conseguido. Hasta hoy estas escuelas populares siguen motorizando sus reclamos, pero desde la aparición del Plan Fines 2 en la provincia, el Ministerio de Educación sólo se ofrece a oficializarlas bajo esa nómina. Esto implica el no reconocimiento de su especificidad y la pretensión de debilitar estas experiencias que son previas a la elaboración e implementación del plan.
Ante este escenario, la continuidad con las políticas neoliberales de los noventa se hace más visible que las rupturas. Se ha logrado la masificación del programa y con ella el mayor acceso a la terminalidad educativa, pero la lógica de la cantidad no alcanza para considerarlo un avance en la política educativa de adultos. Lejos de eso, se reitera la ausencia del Estado como garante del real derecho a la educación, en condiciones dignas de aprendizaje y de trabajo, a la vez que se desconoce la multiplicidad de opciones y recorridos en este campo. El resultado es un precario mono-formato educativo que asume que para conseguir la educación del pueblo bastan ejércitos de trabajadores con buena voluntad y árboles con mucha sombra.
Como sucede en muchas otras áreas, una bandera válida -la educación de adultos- es bastardeada por un espíritu clientelar en la concepción, el diseño y la aplicación de las políticas para alcanzarla. La inclusión que de esta forma se ofrece a los jóvenes es un fraude, porque, de hecho, en varias empresas y negocios rechazan los títulos secundarios del FinEs. El fraude se completa con el plan PROGRESAR, que concede una ayuda de 600 pesos mensuales para que completen o inicien estudios jóvenes de entre 18 y 24 años, desocupados o subocupados, con ingresos inferiores a los 3.600 pesos.
La estrategia del Gobierno es generar analfabetos funcionales con título secundario. Es bien grave esta situación y será muy difícil revertirla. Tendremos una gran cantidad de personas graduadas de un secundario que no van a comprender lo que leen.