Unos 15 – 20 años atrás la clase media en Argentina (la que aún hoy, posee la mayor relevencia en el país) elegía escuelas públicas para sus hijos. Por supuesto, una parte de ella se volcaba también a la privada y enviaba a sus hijos a colegios privados (con o sin subvención estatal) pero en la mayoría de los casos ya se trataba de una clase media alta. En ese entonces, la educación pública aún mantenía cierto prestigio y colegios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, eran elegidos como Secundarios para los chicos.
Pasaron los años y varios gobiernos, y debido a la gestión, o mejor dicho, a la falta de la misma, la educación pública fue decayeron notoriamente en nuestro país. La realidad es que, en lugar de por lo menos «mantener» ese logro de poseer la mejor educación en toda Latinoamérica y un reconocimiento a nivel mundial, ningún gobierno se ocupó del tema. De hecho, ocurrió todo lo contrario: hoy la educación pública es sinónimo de analfabetismo y fracaso. De ahi que, pese a muchas limitaciones que hoy posee la clase media y sobre todo la clase media-baja argentina, este sector social no duda en investigar y dedicar buen parte de su tiempo a la búsqueda de la escuela privada accesible y buena para sus predecesores.
Si bien es un hecho que se ha ido profundizando desde el año 2003, en estos últimos 12 años de gobierno kirchnerista, el número de estudiantes que asisten a instituciones privadas ha aumentado notablemente. Nada se ha realizado para revertir este efecto. Y, esto podría analizarse desde la perspectiva gubernamental: a muchos gobiernos les «conviene» que exista una mayor cantidad de alumnos en escuelas privadas que en las públicas o del Estado.
Las razones son varias:
Para empezar, aumentan sus recursos. La privatización de la educación es costo eficiente respecto del gasto público en educación. La subvención estatal a las escuelas privadas contribuye a mantener este esquema bajando los aranceles de las escuelas privadas siempre que el dinero público por alumno en escuelas privadas sea varias veces inferior al que se invierte en escuelas públicas. Por lo tanto, cuantos más chicos en escuelas privadas, más recursos estatales para los que quedan en las escuelas públicas (aunque evidentemente, ese dinero no ha sido bien invertido desde hace más de una década). Si hoy se diera un efecto inverso, o sea que, si la clase media diera un vuelca y decidiera mandar a sus hijos a escuelas públicas, el sistema educativo en su conjunto colapsaría de inmediato por falta de infraestructura, vacantes y, sobre todo, de dinero para pagar los salarios del nuevo personal escolar (entre ellos, los docentes, claro).
Por otra parte, los dirigentes y funcionarios se liberan de las presiones. La clase media es el protagonista principal de la obra que reclama por mejoras en el sistema educativo. Esto se da porque la clase baja tiene mayores necesidades básicas para cubrir : alimentación, salud y vivienda. Una ventaja que le proporciona a los gobiernos este modelo de privatización de la educación es que deja a la clases medias afuera del sistema educativo público, por lo que la presión por la calidad y la innovación se traslada a los responsables de cada escuela privada y no al gobierno. Quienes mandan a sus hijos a establecimientos privados protestan en «esa» escuela y sólo allí participan y realizan propuestas. Ni siquiera se le reclama al Estado las exenciones impositivas. La privatización de la educación le impide a la educación pública contar con el sector social más activo y dinámico, más crítico y más exigente.
El único representante educacional es el sindicato docente. Esto es muy conveniente para los funcionarios porque los sindicatos representan el interés de los docentes que, aunque sea legítimo, puede conducirse por medio de una negociación por dinero donde la cuestión de la organización de las escuelas y la preocupación por la calidad educativa está ausente, para alivio de los funcionarios. Además los sindicalistas suelen tener intereses políticos que pueden formar parte de la negociación y contribuir a la existencia de acuerdos, sin modificar aspectos centrales que podrían beneficiar a las familias y a los alumnos. Culpar a los sindicalistas es un clásico de todos los tiempos (más que un partido Boca-River) de los funcionarios para sacarse la responsabilidad sobre lo que deciden o, mejor dicho, lo que no deciden.
Es por todos estos motivos que, sin tener a una sociedad involucrada en la calidad y la innovación educativa, el debate se torna casi inexistente. Sólo se llevan adelante «medidas» tristemente irrisorias que van desde repartir netbooks, «kit» de útiles escolares, libros, otorgar subsidios, planes (como la tan promocionada y cero útil «Asignación universal por hijo»), sancionar leyes cero efectivas, etc. Todo este combo de «artillería» sólo sirve para simular cambios que, obviamente no suceden. Bajo estas medidas y leyes, cada vez se está más lejos de la «inclusión» educativa. La elección de las familias de clase media no se trata de una tendencia por querer diferenciarse y distinguirse entre las demás. Se trata de un esquema político y financiero que lleva décadas pero que en estos últimos 12 años se ha ido profundizando y consolidando con una gran fuerza.